El 1 de marzo de 1.940 se dictó en España la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, la graduación de penas por ser masón o colaborador iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor (20-30 años), afectando también a familiares.

Actualmente en el Archivo de Salamanca hay unas 80.000 fichas de supuestos masones, pese a que en 1.936 los censos del Grande Oriente Español no sobrepasaba de cinco mil miembros. Una orden especial afectó a los militares sobre los que se llevaron a cabo 3,699 expedientes, de los que una cuarta parte resultaron positivos, lo que evidencia la obsesión por descubrir al masón.

Probablemente, hoy en día la Masonería sea el único grupo de víctimas de la dictadura a la que no se le ha restituido su honor por parte del Estado Español.